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-----Mensagem original-----
De: Boletim JG [mailto:boletim@global.org.br]
Enviada em: quarta-feira, 1 de setembro de 2004 16:15
Para: Boletim JG
Assunto: Declaração final da III Consulta Latino-Americana de Defensores de
Direitos Humanos
01 de setembro de 2004 - nº 17
ESPECIAL
Declaração final da III Consulta Latino-Americana de Defensores de Direitos Humanos
Ao final de três dias da III Consulta Latino-Americana de Defensores de Direitos Humanos, realizada em São Paulo, durante os dias 25 e 27 de agosto, representantes de 20 países da América Latina ressaltaram diversas situações, ponderações e recomendações. Compartilharam experiências no que tange as estratégias de combate e perseguições, homicídios, campanhas difamatórias e outras formas de ataque.
Declaracion
Final
III Consulta Latino-Americana de Defensores y
Defensoras de Derechos Humanos, Brasil, Sao Paulo
25 27 Agosto 2004
Ochenta y siete defensores y defensoras provenientes de
20 paises de las Americas y observadores internacionales de Africa, Asia y Europa, en
representacion de organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales, nos hemos
reunido con el objeto de conocer y analizar las nuevas situaciones de violaciones de
derechos humanos que enfrentan y sufren defensores y defensoras, incluidos los movimientos
sociales. Asi como, también, asumir el desafio de proponer e instrumentar politicas
activas para resolver estas situaciones.
La III
Consulta se realizo en seguimiento de las Primera y Segundas Consultas, con una amplia
representacion de sectores y activistas, que van desde comunidades indigenas, ONG de
defensa de derechos humanos, grupos de defensa de los derechos de la mujer,
ambientalistas, de la comunidad gay y de lesbianas, defensores de derechos de infancia y
adolescencia, movimientos campesinos, sindicalistas, afro-descendientes y luchadores
sociales, entre otros.
Que el concepto de defensor contenido en la Declaracion
de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada en 1998, incluye
como tales a todas las personas que defienden los derechos humanos consagrados en los
diversos Tratados, Convenios y Declaraciones Regionales e Internacionales, incluido los
integrantes de los diversos movimientos sociales que en el continente reclaman la vigencia
de los derechos humanos, civiles y politicos económicos, sociales y culturales y
colectivos.
Que desde la realizacion de la segunda consulta
latinoamericana (Guatemala Julio 2002) a la actualidad la situacion de ataques, amenazas y
hostigamiento hacia los defensores y defensoras se ha agravado, a la vez que ha tomado
nuevas formas.
Que las mujeres defensoras sufren violaciones
especificas a sus derechos como tales.
Que el Estado debe ser el garante de la plena vigencia
de los derechos humanos y de la seguridad y proteccion de la actividad de los defensores y
defensoras y que por lo tanto tiene obligaciones indelegables tanto de respetar como
impedir la accion de sus agentes, como la de particulares que actuan con su adquicencia o
cooperacion, o que lo hacen por su omision o falta de regulacion. En consecuencia la
situacion y garantias de los defensores y defensoras en la region es responsabilidad de
politicas y accion de los Estados.
Que pocos Estados han adoptado politicas de proteccion
hacia los defensores y defensoras.
Que vivimos bajo los impactos de la guerra contra el
`terrorismo` como reaccion del gobierno de los Estados Unidos y su coalicion al repudiable
atentado del 11 de septiembre del 2001. Esta guerra, que se produce en el marco de la
globalizacion y el neo-liberalismo que operan para la exclusion economica y social,
considerando que el individuo y el ciudadano son efimeros y descartables, constituye una
nueva expansion del modelo neoliberal.
Que producto de la implementacion de las medidas
economicas neoliberales impuestas por el BID y el FMI y Banco Mundial en los diferentes
paises se ha precarizado la situacion de la vida humana haciendo de esta forma mas dificil
pero más necesario el trabajo de las defensores y defensorasde los derechos humanos.
Que ademas de los grupos paramilitares y
fundamentalistas, la globalizacion ha traido nuevos actores no estatales (por ejemplo:
multinacionales, grupos de poder economico, que incluso manejan medios masivos de
comunicacion), que participan activamente en las violaciones contra defensores y
defensoras de derechos humanos, en particular contra comunidades indigenas,
afro-descendientes, campesinos, los movimientos sociales, poblacion desplazada y
sindicalistas, entre otros.
La globalizacion neoliberal y la imposicion de
politicas por parte de los organismos financieros multinacionales ha hecho que la
violacion de los derechos economicos, sociales y culturales se transforme en una violacion
estructural a los derechos humanos.
Que ante la falta de recursos humanos y financieros de
las instancias regionales e internacionales de proteccion de derechos humanos, hay un
debilitamiento de los mecanismos de proteccion especificos para defensores y defensoras.
Que todas y cada una de las amenazas, intimidaciones,
persecuciones, judicializaciones y demás ataques que sufren los defensores y defensoras
tienen como claro objetivo político el sancionar, obstruir o impedir el trabajo que los
mismos realizan y que por consiguiente no son un ataque personal sino un ataque común a
toda la sociedad
Que en el continente, los defensores y defensoras
continuan siendo victimas de amenazas, detenciones arbitrarias, exilio, secuestro y
asesinato.
Que dentro de las nuevas formas de persecucion de los
defensores y defensoras, esta la judicializacion de sus actividades, con una grave
tendencia a la criminalizacion del reclamo y protesta social, utilizando figuras que van
desde delitos de menor gravedad hasta imputaciones de terrorismo.
Que en este contexto, algunos Estados de la region han
modificado y otros pretenden modificar legislacion con el objeto de limitar e incluso
penalizar la actividad de los defensores y defensoras, así como también el legítimo
ejercicio del reclamo y protesta social, aplicando contra las mismas leyes
antiterroristas.
Que en muchos paises hay una planificada campaña de
desprestigio, con el objetivo de aislar el trabajo de los defensores y defensoras
pretendiendo hacerlos responsables de las situaciones de inseguridad y aumento de la
delincuencia, generando una peligrosa y falsa asociacion entre defensa de derechos humanos
y delito.
Que a la inversa de estas posiciones, reivindicamos el
papel legitimo de los defensores y defensoras en la construccion de la justicia social, la
democracia y el Estado de Derecho.
Que reivindicamos la legitima naturaleza politica de la
defensa y la promocion de los derechos humanos, fundamentos esenciales de la democracia,
del estado de derecho y de una sociedad justa y participativa, en la que se hayan
eliminado la opresion, la miseria, las desigualdades y todas las formas discriminacion.
La necesidad de instrumentar politicas activas para
enfrentar y revertir el ataque hacia el trabajo de los defensores y defensoras.
Que los programas estatales y los mecanismos
internacionales de proteccion a defensores y defensoras deben garantizar no solo la
seguridad del defensor, sino tambien la continuidad de su trabajo. En forma integral estos
programas deben prevenir los ataques e implementar politicas activas de desarticulacion,
desmantelamiento y penalizacion de los agentes agresores, sean estos estatales y - o para
estatales.
La necesidad de articular la actividad de los
defensores y defensoras con los movimientos sociales y con otras redes y sectores para una
accion conjunta en la defensa de los derechos humanos, en particular los derechos
economicos, sociales, culturales y colectivos.
Solo cuando la sociedad en su conjunto asuma los
derechos humanos como propios se iniciara un efectivo proceso de construccion e
implementacion de los mismos.
La urgente necesidad de fortaler las instancias
internacionales, regionales, nacionales y locales de proteccion de los defensores y
defensoras.
Que las luchas sociales y el reclamo por la vigencia de
los derechos universalmente consagrados nunca debe considerarse como delito o acto
criminal, sino una reivindicacion justa. Por el contrario debe ser denunciado como
criminal aquel Estado que no cumple con sus obligaciones, ni garantiza los derechos de su
poblacion.
Seguir fomentando el concepto amplio de defensor y
defensora de derechos humanos y la aprobacion del mismo, conforme a la Declaracion de
Naciones Unidas de 1998, haciendo una clara reivindicacion de la legitimidad de la
actividad politica que ejercen los defensores y defensoras en la construccion de un
verdadero Estado de Derecho y de justicia social.
Formular politicas activas para detener las continuas
agresiones y violaciones a los derechos humanos en general y ataque a los defensores y
defensoras en particular, provenientes de agentes estatales y no estatales, no solamente
para reclamar su sancion sino tambien para evitar que las mismas se produzcan.
Iniciar campañas para enfrentar no solo las formas
habituales de persecucion que sufren los defensores y defensoras sino tambien para
combatir las nuevas tendencias, en particular la criminalizacion del reclamo y la protesta
social y las campañas de desprestigio contra el activismo social y de defensa de derechos
humanos.
La continua organizacion y desarrollo de procesos
nacionales para examinar la situacion en la que se encuentran los defensores y defensoras,
sus necesidades y elaborar propuestas e implementar politicas activas de proteccion de la
actividad que realizamos.
Que los grupos especificos de defensores y defensoras
deben ser escuchados en la elaboracion de las medidas para su proteccion atendiendo a las
necesidades particulares de los mismos.
Implementar politicas y mecanismos de comunicacion de
la consulta latinoamericana.
Trabajar por la ratificacion y cumplimiento por parte
de los Estados de toda la normativa internacional de derechos humanos.
Trabajar para que los Estados adopten en sus
legislaciones nacionales y politicas publicas, la Declaracion de Naciones Unidas de 1998,
como marco inicial de proteccion de los derechos de los defensores y defensoras.
Denunciar la utilzacion de los aparatos de inteligencia
del Estado para monitorear, interferir y impedir el trabajo de los defensores y defensoras
de derechos humanos.
Denunciar la politica de criminalizacion de la reclamo
y protesta social como forma del Estado de no cumplir con sus obligaciones de garantizar
los derechos economicos, sociales y culturales de la poblacion.
Ejercer la protesta social como legitima forma de
reclamar derechos conculcados, en concordancia con la Declaracion de Naciones Unidas de
1998.
Solicitar a la Comision Inter-Americana la celebracion
de una audiencia sobre defensores en su próximo periodo de sesiones.
Presentar ante la Comision Inter-Americana los informes
por paises, elaborados para esta Consulta y la Declaracion Final de la misma.
Presentar ante la Comision de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Representante Especial de
Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos, los informes nacionales
preparados para la Consulta y la Declaracion Final.
Pedir a la Representante Especial del Secretario
General de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos que realize un estudio
sobre la criminalizacion del reclamo y la protesta social.
Pedir tambien a la Representante Especial del
Secretario General de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos revisar el
procedimiento de la acciones urgentes para mantener informado a los peticionarios de las
acciones emprendidas.
Pedir a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de
respaldar adecuadamente el mandato de la Representante Especial para los Defensores de
Derechos Humanos, con mayores recursos humanos y financieros.
Compartir los resultados de la III Consulta con la
Union Europea para que esta organizacion asuma un rol más activo en lo que se refiere a
la proteccion de los defensores y defensoras.
Promover los lineamientos de la Union Europea sobre
defensores de derechos humanos entre los defensores y defensoras de la region con el fin
de que estos puedan demandar su implementacion.
Convocar a que los defensores y defensoras documenten
las violaciones que sufren, incluyendo los casos de criminalizacion, para formular
denuncias nacionales, regionales e internacionales, definir e impulsar acciones, y
proponer politicas para enfrentar estas situaciones.
Sumarnos a la campaña internacional sobre defensoras
de derechos humanos e integrar el tema de la proteccion de las defensoras en nuestras
actividades.
Continuar la campaña de divulgacion de la Declaracion
de Naciones Unidas para Defensores en otras redes sociales.
Adoptar el pronunciamiento sobre el militarismo emitida
por las organizaciones en esta III Consulta y cuyo texto forma parte anexa de esta
Declaracion.
Mantener y fortalecer la Consulta Latinoamericana de
Defensores de Derechos Humanos como camino y proceso social de articulación,
comunicación y solidaridad en la defensa y vigencia del urgente y digno trabajo que
desarrollamos las y los defensores de derechos humanos.
Difundir la Declaracion Final, acuerdos e informes de la III Consulta a nivel nacional, regional e internacional.
São Paulo, 27 de agosto de 2004.
Pronunciamiento de Organizaciones Frente al Militarismo
Nosotros y nosotras, en representación de nuestras
organizaciones, reunidos en el marco de la III Consulta Latinoamericana de Defensores y
Defensoras de Derechos Humanos, los dias 25 a 27 de agosto de 2004 en Sao Paulo, Brasil,
realizamos un espacio de diálogo e intercambio en torno al fenómeno del militarismo en
el mundo y en nuestra región, el cual vemos como un grave problema que genera violacion
de los derechos humanos y derechos de los pueblos.
Fue de gran preocupación para todos y todas las
expresiones actuales y pasadas de la presencia militar de Estados Unidos en diferentes
formas y sus fatales consecuencias en la vida de nuestros pueblos. Es asi que senalamos las bases militares
implantadas en Comalapa / El Salvador, Palmerola / Honduras, Malta / Ecuador, Guantanamo /
Cuba, Aruba y Curacao, como tambien la contaminacion con toxicos quimicos y explosivos no
detonados en Vieques / Puerto Rico y en Panamá, operaciones militares camufladas de
asistencia social y de gestiones de paz, fronteras militarizadas como Mexico Colombia, y
Argentina, ocupaciones, ejercicios e intervenciones militares, el adiestramiento y
transferencia militares y policiales a fuerzas de seguridad y ejército en la region y en
el hemisferio a traves de mas de 200 centros de capacitacion como la SOA / WHINSEC (la
famosa Escuela de Asesinos), y la propuesta de crear el ILEA (International Law
Enforcement Academy), entre otras muchas manifestaciones de esta politica de EU en el
mundo.
Dada la gravedad del problema concluimos con la
necesidad de:
1.
Abrir entre las organizaciones un espacio de contacto permanente, diálogo,
intercambio e iniciativas con la idea de darle
seguimiento a este problema.
2.
Poner en comun informacion, analisis, estudios y experiencias de lucha de nuestros
pueblos referente al militarismo colonial, intervenciones
militares y todo tipo de manifestación de esta politica hegemonica que afecta a nuestros
pueblos.
3.
Invitar y motivar a otras organizaciones nacionales y regionales a incluir en sus
agendas en esta iniciativa.
Concluimos expresando un saludo a las iniciativas
semejantes surgidas en el mundo, particularmente en nuestra region latinoamericana con la
expectativa de unir esfuerzos para enfrentar este grave reto.
São Paulo, Brasil, 27 de agosto de 2004.
Maiores informações - defensores@global.org.br
EXPEDIENTE:
Sandra Carvalho
Tatiana Lichtig
CENTRO DE JUSTIÇA GLOBAL
R. Itapeva, 79 - conj. 41
Av. N. Sra. Copacabana, 540/402
São Paulo - SP CEP. 01332-000
Rio de Janeiro - RJ CEP. 22020-000
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